La reciente Ley de Vivienda ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU). Una de estas modificaciones consiste en señalar que: “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”.

Inicialmente, parece claro concluir que a partir de ahora los arrendatarios que acudan a una inmobiliaria para buscar una vivienda, la encuentren y formalicen el contrato, no deberán correr con el pago de los servicios de la inmobiliaria. La realidad es que esto presentará diferentes polémicas hasta que se acabe estableciendo una doctrina clara.

No cabe olvidar que la LAU regula las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, sin que las agencias inmobiliarias formen parte de esa relación. Así, podría entenderse por algunos -ya los hay- que consideran que la inmobiliaria tiene derecho a cobrar por sus servicios profesionales prestados a un arrendatario, el cual se los deberá repercutir al arrendador de forma posterior.

Esta interpretación, planteará el problema del precio pactado libremente por dos partes (agencia y arrendatario) que debería soportar quien no ha tomado decisión en el precio. No parece muy justo. Y, tampoco, estos precios pueden fijarse de forma previa, pues se incumpliría la legislación sobre defensa de la competencia, conllevando posibles sanciones.

Además, de la dificultad para aquellos supuestos en los que el arrendador ya ha pagado por estos servicios y la inmobiliaria ha cobrado de ambas partes. Cosa que no es infrecuente.

Frente a ello, hay quien sostiene que la relación de la agencia con el arrendatario está sujeta a la normativa de defensa de consumidores y usuarios, que obliga al profesional a informar del precio de manera previa y si, el hecho de incluir una obligación de pago al arrendatario, se entenderá una condición ilegal o abusiva por ser contraria a esta nueva modificación de la Ley de Vivienda.

El caso es que, sea como fuere, las agencias intentarán cobrar por sus servicios  y los arrendadores transmitirán el coste al precio del alquiler, porque es difícil intervenir sobre un mercado con una simple frase que, además, plantea diferentes interpretaciones.