Hoy en día, en nuestra cada vez más desarrollada y compleja sociedad de la información, es evidente que todos nuestros datos -desde los más insignificantes a los más íntimos y personales- están desprotegidos y al alcance de cualquiera. La expansión masiva de la informática, de Internet y de las redes sociales ha propiciado que cada día sean más frecuentes las noticias que informan de accesos inconsentidos a sistemas informáticos de empresas e incluso de estados, de espionaje informático, de robos de datos (como en el caso de los ataques sufridos por la plataforma estadounidense de series HBO) o de catastróficas fugas de seguridad (como recientemente ha sucedido en el sistema LexNET).

El legislador ha querido dar una respuesta penal a estas conductas cada vez más habituales, y es especialmente a partir de la reforma de 2015 del Código Penal cuando los delitos informáticos han sido tipificados de manera más explícita, encontrándose recogidos en los artículos 197 a 201 (hacking y espionaje) y en el 264 y 264 bis (daños informáticos).

Así, por ejemplo, en el artículo 197 bis CP se castiga la simple intromisión en un sistema informático (sin importar la finalidad que se persiga). Este delito suele ser un delito instrumental para cometer delitos de espionaje o de sabotaje informático.

El artículo 197.1 CP, por otro lado, tipifica la interceptación de mensajes, sin que tenga relevancia el contenido de la comunicación intervenida, puesto que el bien jurídico protegido es la privacidad. Si lo que se pretende es descubrir datos de carácter personal o familiar, hemos de acudir al 197.2 CP. En este precepto se castiga la mera intención de descubrir secretos, sin que sea necesario siquiera el efectivo descubrimiento de los mismos.

Más problemas encontramos para interpretar el delito de daños informáticos del artículo 264 CP, puesto que requiere que los daños a los datos, programas o documentos informáticos sean “graves”. Este es un concepto jurídico indeterminado que exige tanto gravedad de la conducta delictiva como gravedad del resultado, atendiendo a la pérdida de funcionalidad de los datos. Vemos, pues, que estamos ante un delito complejo y de difícil aplicación ante el cual la jurisprudencia viene realizando una interpretación extensiva, permitiendo su aplicabilidad

Como vemos, el hacking, el espionaje informático y los daños informáticos se encuentran regulados penalmente en el ordenamiento jurídico español, aunque la constante evolución de las nuevas tecnologías requerirá a buen seguro una actualización de estos tipos penales, así como la creación de nuevas figuras delictivas. Asimismo, la interpretación jurisprudencial será, como siempre, fundamental.

Foto: Business image created by Katemangostar – Freepik.com

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