En este comentario quiero responder a la pregunta: quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), cuando se otorga una hipoteca, ante notario.
Antes de nada, debemos dejar sentados los siguientes aspectos. En primer lugar, que entendemos por consumidor a toda persona física; en segundo lugar, que el préstamo debe ser destinado a financiar vivienda habitual, y no para otros usos.

Lo cierto es que cuando un consumidor (cliente) y su banco de confianza, acuden ante notario para documentar el préstamo de dinero con el que financiar la vivienda del primero, se otorga lo que se denomina “préstamo hipotecario”, es decir, el banco presta el dinero al consumidor, poniendo este como garantía su vivienda, para caso de impago de las cuotas del préstamo.

Pues bien, vemos que en esa operación se producen dos circunstancias, por un lado, el préstamo de dinero, por el que el dinero pasa del banco (prestamista), al consumidor (prestatario); y, por otro lado, que el consumidor crea un derecho de garantía sobre la vivienda, a favor del banco, cuyo crédito asegura, otorgando escritura ante notario.

De las anteriores circunstancias, la primera, el préstamo de dinero, está sujeta pero exenta del impuesto. Si el banco prestase el dinero a su cliente, en documento privado, este no tendría que pagar impuesto alguno. La segunda, documentar el préstamo hipotecario en escritura pública ante notario, está sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados, estando obligado a su pago aquél en cuyo interés se pida.

En nuestro caso, es al banco a quien interesa documentar el préstamo en escritura pública, ya que de esa manera se asegura su inscripción en el registro de la propiedad en el que constará la carga que grava la vivienda; y además, caso de que el cliente no pague las cuotas del préstamo, podrá ejecutar la garantía ante el juzgado mediante un procedimiento judicial especial, rápido y seguro; y así tener asegurado su cobro.

Qué duda cabe que es al banco a quien interesa, -y así lo impone al consumidor-, que el préstamo hipotecario se documente en escritura pública; y es el banco quien con tal forma de actuar hace una evidente manifestación de su capacidad económica como elemento clave para la exigencia de obligaciones tributarias.

Todos nosotros, quienes hemos tenido que recurrir a financiar nuestras casas con los bancos, nos hemos encontrado con el hecho de que cuando hemos querido comprobar las condiciones del préstamo hipotecario resulta que la escritura no la teníamos, que después de que la gestoría (elegida por el banco), la llevara al registro a inscribir, se la quedaba el banco, y ni siquiera nos daba una copia.

Resulta chocante que tú hayas tenido que pagar todos los gastos de notario, gestoría, impuesto y registro, y que no tengas en tu poder la escritura, sino que el original lo tenga el banco para poder presentarlo ante el juzgado, si dejas de pagar el préstamo.

En conclusión, resulta evidente que los bancos –puestos de acuerdo hasta en la redacción de las cláusulas de gastos (en todas las escrituras es la 5ª)-, han creado una ficción que consiste en trasladar al consumidor la carga económica del otorgamiento del préstamo hipotecario, cuando resulta que son aquéllos los únicos interesados en que así se haga.

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