El conocido como IMPUESTO DE PLUSVALIA, es decir, el Impuesto Municipal por el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ha saltado a la primera plana de telediarios y periódicos por una interesantísima Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017.

Los hechos de la misma son los siguientes: Un empresario compró unos terrenos en un polígono industrial de Eibar por 3.000.000 euros. Con la llegada de la crisis económica, tuvo que venderlos por 600.000 euros. Es decir, sufrió una pérdida patrimonial de 2.400.000 euros. A pesar de ello, el Ayuntamiento eibarrés le giró una liquidación del impuesto de plusvalía de 30.000 euros.

Cabe preguntarse por qué el Ayuntamiento liquida el impuesto cuando han existido unas evidentes pérdidas.

La respuesta es muy simple: Este impuesto se calcula tomando como base el valor catastral del inmueble en el momento de la venta y sobre el mismo se aplican una serie de porcentajes aprobados por el Ayuntamiento; pero en ningún caso se tiene en cuenta el precio real de la compra ni el de la venta.

Esta forma de calcular simplifica enormemente la labor municipal a la hora del cálculo, pero es tremendamente injusta y alejada del hecho imponible que se graba: El aumento de valor de un terreno urbano desde que se compra hasta que se vende.

La Sentencia del Tribunal Constitucional referida anula la liquidación tributaria por lo que se acaba de exponer.

Los provinciales Juzgados de lo Contencioso están empezando a dictar sentencias que reconocen esta ilegalidad y anulan asimismo las liquidaciones por este impuesto.

Los Ayuntamientos están a la expectativa de que se resuelve por los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, o si se dicta por el ejecutivo algún Decreto que aclare el asunto o se modifique el impuesto. Pero de momento están denegando la solicitud de nulidad de la liquidación.

El camino es largo. Se ha de iniciar una reclamación ante el Ayuntamiento, en determinados municipios habrá que acudir posteriormente al Tribunal Económico Administrativo Municipal, para finalmente tener que ir a la vía jurisdiccional.

No obstante, el resultado, si se puede justificar la pérdida patrimonial –con las escrituras públicas de compraventa del inmueble, por ejemplo-, ha de ser positivo y merece el esfuerzo.

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