Cada día se encuentra más extendida la práctica de cobros indebidos y fraudulentos a través de nuestras tarjetas de crédito, es decir: se produce un cargo en nuestra cuenta bancaria por una supuesta compra efectuada normalmente en un comercio electrónico y pagada con la tarjeta de crédito, cuando en realidad jamás hemos realizado ni autorizado tal operación.

Si hemos sido víctimas de este fraude -cuyo montante puede ir de los cientos a los miles de euros-, es importante saber que todas las entidades bancarias tienen la obligación, de acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2018, de incluir una póliza que asegure el dinero depositado en nuestra cuenta bancaria. Así, si un tercero utiliza fraudulentamente nuestra tarjeta de crédito sin que exista culpa o negligencia por nuestra parte, el banco tendrá que asumir las pérdidas a partir de los primeros 50 euros según la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo  (por ejemplo, si nos han sido sustraídos 200 euros, el banco deberá devolvernos 150 euros).

 No obstante lo anterior, en algunas ocasiones la entidad bancaria rechazará reintegrarnos las cantidades objeto del fraude porque la operación ha sido confirmada a través del código de verificación enviado a nuestro teléfono móvil vía SMS, a pesar de que nosotros no hayamos recibido ese mensaje en ningún momento. En tal caso, podremos exigir a la entidad que nos facilite la dirección IP desde la que se efectuó la compra para comprobar si se corresponde con la nuestra. Si no existe identidad entre las direcciones IP, el fraude está más que comprobado y la entidad deberá reembolsarnos el importe defraudado. En cualquier caso, si la entidad persiste en su negativa al abono, siempre podremos acudir a la vía judicial.

 En definitiva, los consumidores y usuarios se encuentran protegidos por la ley tanto a nivel nacional como europeo cuando sean víctimas de cobros fraudulentos con sus tarjetas de crédito, pudiendo ejercitar sus derechos de manera efectiva.

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