A raíz de último juicio en que ha intervenido nuestro despacho relativo a gravísimas acusaciones sobre inducción a la prostitución infantil y pornografía infantil, me surgen varias reflexiones sobre estos asuntos:

1.- Muy recientemente se acaba de elevar la edad del consentimiento sexual de la legislación española. La edad prevista en el Código Penal era de 13 años y se ha elevado a 16. Eso quiere decir que un adulto que tenga relaciones sexuales consentidas con un menor de 16 años afronta una pena de ocho a doce años de prisión si son relaciones plenas o 2 a 6 años si se trata de actos de carácter sexual (sin penetración). Sólo queda libre de responsabilidad si el adulto es próximo al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. La ley no nos dice cuál debe ser esa proximidad, por lo que queda a criterio de los tribunales. Teniendo en cuenta el derecho comparado (en otros países se permite una diferencia de dos o tres años), podemos decir que un chico o chica de 20 años que tenga relaciones con una chica o chico de 15 puede estar en riesgo de tener una condena de entre ocho y doce años de cárcel.
Resulta curioso el contraste entre la permisividad que existía hasta ahora (era lícito que un adulto pudiera tener relaciones con una persona de 13 años) con la rigidez actual, cuando la realidad social ha ido en sentido contrario. Ahora los adolescentes se inician con frecuencia en el sexo a edades tempranas, cuando antes eso no ocurría.

2.- Cuando oímos hablar de pornografía infantil nos vienen a la mente, imágenes especialmente repugnantes en que aparecen adultos abusando de niños o incluso estos mismos niños, aún sin estar con adultos, en situaciones de contenido sexual susceptibles de despertar la líbido de personas mentalmente enfermas. Sin embargo no caemos en la cuenta de que la imagen de un o una menor (y menor es una persona de 17 años) participando en una conducta sexualmente explícita (así lo dice el Código Penal) o mostrando sus órganos sexuales con fines sexuales (de nuevo expresión literal del Código Penal) es pornografía infantil. Compartir un archivo o cualquier soporte en que aparezcan dos jóvenes teniendo sexo tiene una pena de prisión entre uno y cinco años. Y no cabe como excusa no saber que es menor, pues si existe la alta probabilidad de que sea menor también se comete el delito.
Es decir, que un comportamiento que no está reservado a los pederastas más perversos, sino que es frecuente en la vida social (con independencia de la lectura moral que haga cada uno) tiene reservada una pena muy severa. Si son menores de 16 años la pena es de 5 a 9 años. No importa para nada que el origen del archivo o soporte, video, grabación o fotografía sea desconocido y se encuentre libremente en la red.

3.- En la actualidad resulta cada vez más frecuente la grabación de momentos de intimidad sexual entre personas adultas existiendo o no entre ellos relación estable, con la anuencia de ambas. El problema es que también es frecuente enviar la grabación a una tercera persona, de modo que esa grabación se difunde y se llega a hacer viral. En este caso el daño que se produce puede ser enorme, porque normalmente uno de los dos consiente en la grabación pero no en su difusión. Y probablemente el que comparte la imagen no espera que salga de un grupo reducido y sea visto por miles de personas. Y ahora, además, las personas son fácilmente identificables a través de las redes sociales por lo que es difícil escapar a la curiosidad pública. Ha ocurrido con personas que, tristemente, han saltado a la fama como, la joven que tuvo un encuentro sexual con dos jugadores del Eibar y que, cuando quiso desaparecer de Facebook ya era conocida en toda España. O la concejal de un pueblo manchego que ahora se ha convertido en un personaje más del famoseo televisivo y el papel couche. Y también con perfectos desconocidos que ven atacada su intimidad.
Esta conducta, la difusión de archivos con contenido sexual, para mi más grave que los ejemplos antes descritos (insisto, me refiero a los supuestos concretos antes señalados), sin embargo tiene una pena más liviana, de prisión de tres meses a un año (que previsiblemente se quede en nada si el autor no tiene antecedentes penales) o multa de seis a doce meses).

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